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Una de Servidumbres

Escrito por Luis Ferreira el . Publicado en Aeropuerto Huesca-Pirineos: ¡STOP al vuelo a vela!

En fechas recientes hemos asistido a la polémica suscitada a partir de las servidumbres aeronáuticas en el aeropuerto de Lleida-Alguaire.

Esas servidumbres vienen reguladas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a las que se deben los operadores de todas las infraestructuras aéreas. No son ningún capricho y por supuesto han de estar dimensionadas para el tráfico para el que fueron diseñadas, no para el existente en la actualidad.

Las aeronaves que tienen origen o destino en cualquier aeropuerto siguen una trayectoria ascendente o descendente que OACI exige se garantice estén libres de obstáculos, ya sean naturales (la orografía del terreno) o artificiales. No deja de ser distinto a las servidumbres que genera cualquier carretera, mayores o menores en función de su categoría y de la distancia a la que nos encontremos de la propia infraestructura. Que esas servidumbres tienen que existir es pues un hecho técnica, legal y lógicamente incuestionable. Otra cosa sería conocer si se cumplieron los procedimientos establecidos para conseguirlas.

Como sabemos el aeropuerto de Alguaire es responsabilidad de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, quizás no es tan sabido que la responsabilidad de sus servidumbres corresponde al Estado que las regula mediante otro Decreto del año 1972. De hecho, el Real Decreto de la reciente polémica es publicado por el Ministerio de Fomento. Nosotros reconocemos ignorar los procedimientos legales para conseguir salvaguardar dichas servidumbres, pero entendemos que si la necesidad de las mismas responde a una instalación que no se encuentra definida dentro de la denominada “Red Nacional Aeroportuaria” y siendo que sus servidumbres sobrepasan el territorio de la comunidad autónoma titular, el cumplimiento de esas servidumbres no debería limitarse a la simple publicación en el BOE.

Pongamos otro ejemplo quizás mucho más evidente:

El aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia (Fuenterrabia) es un claro ejemplo de servidumbres aeronáuticas legalmente complejas. Cualquier neófito puede deducir de la simple visualización de la fotografía aérea de aquel aeropuerto que esas servidumbres impiden la construcción de edificios de mediana altura en la próxima localidad francesa de Hendaya. Por su localización, a escasos metros de la frontera francesa, las servidumbres aeronáuticas de este aeropuerto se encuentran fuera del territorio nacional español y de hecho, las protestas del país vecino se manifestaron de forma inmediata tras la inauguración del aeropuerto en el año 1955. Como consecuencia de ello y tras cuatro años de conversaciones se terminó firmando un acuerdo de colaboración entre los dos gobiernos que si bien garantizaba sus servidumbres, impedía el sobrevuelo del territorio francés por los reactores. Este acuerdo que supone un lastre para el desarrollo del aeropuerto se mantuvo en vigor hasta el 18 de marzo del año 1992, fecha en la que se firma un nuevo acuerdo que si bien elimina la situación anterior, introduce la limitación de sobrevuelo de territorio francés en horario nocturno y limitando el cupo de operación diario a 12 operaciones del tipo MD88 y 12 del tipo BAE-146.

La conclusión de todo lo anterior es que gracias a esos tratados, las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastían están perfectamente garantizadas según las normas exigidas por OACI, pero lógicamente se hace evidente que para ello el Gobierno de España ha tenido que establecer una serie de acuerdos con el Estado francés. Es decir, no pudo limitarse a una simple publicación en el BOE.

Por lo que se deduce de las noticias de los días pasados, resulta evidente que con el aeropuerto de Alguaire no se procedió de un modo similar ya que el aeropuerto lleva varios años funcionando y sin embargo, sus servidumbres no se publicaron hasta el pasado día 15. Es pues lógico que si con la configuración del aeropuerto de Alguaire y sus servidumbres asociadas, la Generalitat de Catalunya ha condicionado de alguna manera posibles actividades fuera de su territorio, tenga que existir, cuando menos, un acuerdo con su institución homóloga, es decir el Gobierno de Aragón.

Pero pensemos ahora en el “aeropuerto de bandera” de nuestra provincia, el Huesca- Pirineos:

Del mismo modo que el RD 1422/2012 regula las servidumbres aeronáuticas de Alguaire, existe otro, el RD 1840/2009 que regula las del aeropuerto Huesca-Pirineos. Exactamente en la misma medida que el primero, el segundo también condiciona el desarrollo de los municipios de su área de influencia, aunque en este caso todos pertenecen a la provincia de Huesca. Simplificando, podríamos decir que los existentes entre La Sotonera y Berbegal.

En el redactado del Real Decreto sobre las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto oscense se determinan además las características (longitud, anchura y categoría) de cada una de las dos pistas de las que dispone. No puede ser de otro modo ya que las servidumbres aeronáuticas vienen directamente derivadas de esos datos.

Dicho todo lo anterior no tengo otro modo mejor de terminar este escrito que no sea planteando las siguientes cuestiones:

¿Son conocedoras nuestras instituciones de que las servidumbres que emanan del RD 1840/2009 a las que están sometidos los 30 municipios afectados las está incumpliendo la propia AENA sin necesidad de salir del propio recinto aeroportuario?

¿Son nuestras instituciones conscientes de que la longitud, anchura y categoría de las pistas de vuelo según regula el RD 1840/2009 no coinciden con las realmente construidas y publicadas por AENA?

¿Son conscientes de que como consecuencia de ello el Aeropuerto Huesca-Pirineos no ha podido conseguir el Certificado de Aeropuerto que exige el RD 862/2009?

¿Son conocedoras de que existe además un informe técnico de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Ministerio de Fomento) en el que se reconoce por escrito el incumplimiento del Real Decreto de Servidumbres y se determinan hasta 15 deficiencias que afectan a la seguridad de la instalación?

Y por último, ante un posible accidente que pudiese considerarse relacionado con alguna de estas realidades ¿sobre que institución recaerían las responsabilidades? ¿sobre las autonómicas o sobre las estatales? ¿o quizás sobre AENA?